Si el Tribunal Constitucional Plurinacional ejerce el control de convencionalidad correctamente sobre los Arts. 112 y 123 de la Constitución, y aplica preferentemente los estándares internacionales en materia de imprescriptibilidad e irretroactividad, entonces Bolivia acatará el mandato de la Resolución 1/18 de la CIDH: «la lucha contra la corrupción debe hacerse con pleno respeto a los derechos humanos, en especial, las garantías judiciales y de debido proceso».
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EL GOBIERNO ACTUAL DE BOLIVIA SE CONFUNDE CON EL ESTADO, LASTIMOSAMENTE EN TEORÍA HAY MUCHAS COSAS POR APLUDIR, PERO ES EN LA PRÁCTICA DONDE SE COMPROBAR QUE ES UN GOBIERNO QUE NO LE INTERESA NI EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD.