Llama profundamente la atención la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de declarar que Bolivia cumplió sus compromisos frente a la objeción de conciencia al servicio militar, en un inconsistente cambio de perspectiva que echó por la borda 12 años de cuidadosa supervisión por parte de ese órgano al acuerdo amistoso en el caso Díaz Bustos vs. Bolivia.
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