La crítica a Zaffaroni es desmedida porque, al ponerse en tela de juicio los escrúpulos del abogado por hacerse cargo de los casos de Evo, se cuestiona también el derecho a la defensa que tiene cualquier presunto delincuente, al punto de llevarnos a cuestionar si los casos más impopulares y sus supuestos responsables tienen que sujetarse a las reglas y garantías del juicio justo, o saltarse ese fundamental estadio para directamente purgar la pena.
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