A casi ocho años de los hechos y de instaurado el proceso en contra de los victimarios que vejaron y humillaron a decenas de indígenas quechuas en pleno corazón de Sucre, el 24 de mayo de 2008, un tribunal de Chuquisaca dictó sentencia. Aunque no fueron condenados por racismo, porque el racismo, como delito, aún no existía en el Código Penal, los agraviantes, indiscutiblemente racistas, han recibido una pena de seis años de prisión. Sanción excesiva, en realidad injustificada, a los ojos de quienes deberán cumplirla; por el contrario, leve en el sentir de quienes sufrieron aquellos actos violentos.

En todo caso ya hay un veredicto y una sanción y eso es lo que debemos aplaudir en este caso emblemático por diferentes razones.

La primera es porque, finalmente, un proceso penal tan accidentado ha llegado a su fin, por lo menos en la primera instancia. La investigación fue iniciada en 2008 y el juicio en 2011. Sin embargo, a mediados de 2012 fue abruptamente interrumpido por la desintegración del tribunal de sentencia. Todo indicaba, en ese momento, que este caso sería una manifestación más de la impunidad y de la manipulación de la justicia, rendida casi siempre a influencias económicas o políticas (en este caso de los actores de oposición).

Un juicio nuevo se inició a finales de 2012, con nuevo tribunal, ya no de Sucre, sino de Padilla, lo que indudablemente fue decisivo para que el proceso se desarrollara con un poco más de orden, lejos de la presión mediática y de otras influencias de alto poder contaminante.

La segunda razón es porque, aunque el racismo no fue uno de los cargos imputados a los victimarios por el motivo explicado al principio, el trasfondo de los hechos fue ése, aunque, obviamente, hubo también determinantes políticos en un momento en que el país estaba alcanzando el zenit de la polarización política (masistas contra oposición, autonomistas contra centralistas, defensores contra detractores de la “capitalidad plena”, populistas contra conservadores; etc.)

La sentencia pronunciada hace unos días no ha castigado, por tanto, solo conductas atentatorias a la libertad personal, a la libertad de reunión o a la integridad personal, sino que ha sancionado al racismo como tal. Y lo importante de esto es que el fallo emitido resulta ser una prueba de que cuando se presentan hechos verdaderamente de naturaleza racista, la administración de justicia puede funcionar. Esperamos, por tanto, que este caso sirva de parámetro para prevenir que otras situaciones, en las que se critica cáusticamente al gobierno y a sus funcionarios, y a las que se pretende dar visos de aparente racismo, no lleguen a tribunales infundadamente.

La tercera razón es porque los hechos sufridos por los campesinos el 24 de mayo de 2008 fueron presenciados no sólo por los cientos de personas que estaban en las cercanías del estadio Patria, o que llegaron a la plaza de armas de la capital. Esos hechos fueron presenciados en tiempo real o casi al instante por otras miles de personas en todo el país, que asistieron incrédulas y azoradas, frente a sus televisores o conectadas a Internet, a una representación de la mismísima Inquisición.

El caso 24 de Mayo, sumado hoy a muchos otros en el mundo, es un perfecto ejemplo del papel fundamental que juega la tecnología del presente —incluido Internet y las satanizadas redes sociales— como herramienta sustancial para denunciar (y probar) las violaciones a los derechos humanos y para luchar contra la impunidad; así como un instrumento eficaz de control ciudadano sobre sus instituciones y los funcionarios que las representan. Jamás hubiera podido el tribunal de Padilla liberar de responsabilidad a los racistas, cuando todo un país, gracias a las imágenes tomadas y difundidas por los medios y por los ciudadanos, fue testigo directo de la bestialidad.

La cuarta razón es porque, por lo menos hasta el momento y con la contada excepción de los sentenciados y de otras pocas voces, la ciudadanía en general, incluidos los principales líderes de oposición y de opinión pública, no han pretendido desvirtuar los hechos con el ropaje del montaje político. Porque sencillamente no hubo tal montaje en una secuencia de acciones verídicas, intencionales y ciertamente racistas.

En otros episodios, igual de emblemáticos y mediáticos a éste, como el de Porvenir o el del hotel Las Américas, existen muchos elementos que pueden situar esos casos en la arena de la disputa política. En cuanto al primero, se sabe lo que pasó en la cancha del pueblo —nuevamente gracias a los medios tecnológicos—, pero aún no sabemos a ciencia cierta cómo empezó todo ni quién empezó todo. Respecto al segundo, sabemos cómo terminó todo, pero todavía las dudas son incontables acerca del porqué.

En el 24 de Mayo, en cambio, no hay terreno para la especulación, para la relativización o para la duda; a menos que seamos de los que piensan que 1+1 es 3.

Derechos en Acción, marzo de 2016.

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