Hace pocas semanas el periódico La Razón saludaba una reforma legislativa dirigida a que el Estado pueda resolver en la vía conciliatoria los casos de violaciones a los derechos humanos denunciados ante órganos internacionales. La nueva ley, sin embargo, genera más escepticismo que confianza en un ámbito en el que lo primordial es la voluntad estatal, más que lo que dispongan las normas.
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